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La bandera de Puerto Rico, adornada con una estrella solitaria, es el símbolo de una isla conocida como “la estrella del Caribe”. Es interesante mencionar que la bandera de Puerto Rico literalmente fue “Hecha en EEUU”, ya que fue diseñada en la ciudad de Nueva York por patriotas puertorriqueños en colaboración con sus homólogos cubanos. En 1895, los líderes en exilio de las dos últimas colonias españolas en el hemisferio acordaron que la bandera de Puerto Rico tendría el mismo diseño que la bandera de Cuba, pero con colores inversos.
Resultó ser que la bandera de Puerto Rico, de color rojo, blanco y azul, se parece más a la combinación de los colores nacionales de Estados Unidos. La bandera de Puerto Rico también se parece mucho a la bandera de otra antigua colonia española que pasó a ser parte de Estados Unidos: Texas. El intenso orgullo de los tejanos por el poderoso simbolismo de la estrella en su propia bandera es similar al de los puertorriqueños.
Sin embargo, a diferencia de Cuba, la isla de Puerto Rico a fines del siglo XIX no fue escenario de ninguna rebelión armada significativa ni clamor por la independencia de España. Cuando Estados Unidos entró en guerra en 1898 para acabar con cuatro siglos de dominio español, las fuerzas estadounidenses, tanto en Cuba como en las Filipinas, lucharon junto a las tropas locales que ya se encontraban en vías de lograr su independencia. Con Puerto Rico, ése no fue el caso.
El trascendental cambio de soberanía
El general Nelson Miles del Ejército de Estados Unidos, acompañado por algunos de los mismos patriotas puertorriqueños radicados en Nueva York que participaron en el diseño de la bandera de la isla, dirigió las fuerzas expedicionarias de Estados Unidos que desembarcaron en el pueblo costeño de Guánica, Puerto Rico, el 25 de julio, 1898, con el objetivo de vencer a las fuerzas armadas españolas y acabar con la soberanía de España en la isla. Ese día, el general Miles emitió la siguiente proclama y le hizo la siguiente promesa al pueblo puertorriqueño:
“No hemos venido a hacer la guerra contra el pueblo de un país que ha sido oprimido, durante siglos, sino al contrario, a traeros protección… promover vuestra prosperidad y para procuraros los privilegios y bendiciones de las instituciones liberales de nuestro Gobierno… No tenemos el propósito de intervenir en las leyes y costumbres existentes que fueran sanas y beneficiosas para vuestro pueblo”, declaró Miles, añadiendo finalmente que “ésta no es una guerra de devastación, si no una que persigue el dar a cuantos estén bajo el control de sus fuerzas militares y navales las ventajas y las bendiciones de la ilustrada civilización”.
Los líderes locales del recientemente instaurado gobierno provincial de Puerto Rico quedaron muy impresionados con la declaración de Miles y anuentes a las intenciones manifestadas en ella de que Puerto Rico fuera parte de Estados Unidos. La decisión y actitud del gobierno local reflejaban las de la vasta mayoría del pueblo puertorriqueño, que recibió como liberadores a las tropas estadounidenses, acompañadas por guías puertorriqueños venidos de Estados Unidos. Los administradores de correo de la isla inmediatamente agregaron a su dirección la siguiente inscripción: Puerto Rico, U.S.A.
Historia de Puerto Rico como colonia de España
Para comprender mejor la dinámica del cambio de soberanía que tuvo lugar en Puerto Rico en 1898, se debe tener en mente que durante los 400 años de dominio español, la población de indígenas taínos fue casi totalmente exterminada, y la isla había sido mayormente gobernada por regímenes militares que, excepto en unas cuantas excepciones, nunca respetaron las libertades individuales. Durante más de 400 años, no había existido en Puerto Rico una tradición de libertad de expresión, libertad religiosa ni libertad de prensa.
La isla prácticamente carecía de un sistema de escuelas públicas, y no había universidades públicas. Los españoles por lo general desconfiaban de los puertorriqueños y los discriminaban, excepto durante breves periodos de regímenes más liberales. La gran mayoría de los pobladores de la isla vivía en la miseria. La vivienda y los servicios médicos para los pobres eran inadecuados, ya que prácticamente no existía una infraestructura de salud pública.
Estados Unidos, por otro lado, era visto, y con razón, como el paladín de la democracia y el progreso. La promesa de un futuro progresista y democrático como parte de Estados Unidos fue acogida con entusiasmo. Todos los principales políticos de la isla solicitaron unánimemente la plena ciudadanía estadounidense, y que Puerto Rico fuera incorporado como territorio de Estados Unidos, el primer paso hacia su admisión como estado en igualdad de condiciones que el resto de los estados del país.
Uno de los más respetados intelectuales puertorriqueños del siglo XIX, quien en ese momento se encontraba exiliado en París, Eugenio María de Hostos, aunque no favorecía expresamente la estadidad, declaró que estaba dispuesto a aceptarla si resultaba ser la voluntad del pueblo en un plebiscito organizado democráticamente.
Progreso sumamente lento
Sin embargo, las promesas de Miles demoraron mucho en concretarse, lo cual desilusionó enormemente a los políticos de Puerto Rico. De hecho, a pesar de contradecir la historia anticolonial y tradiciones democráticas de Estados Unidos, los líderes de esa época impusieron lo que entonces consideraron una administración colonial “benévola”, con ciudadanía y derechos distintos a los de la Constitución de Estados Unidos.
El gobierno del Presidente McKinley se rehusó a aceptar la propuesta de Hostos de un plebiscito sobre el estatus político. Se instituyó un gobierno militar que permanecería en el poder durante casi dos años. En 1900, el Congreso de Estados Unidos apoyó una ley que disponía la instauración de un gobierno civil. Los líderes políticos locales y el pueblo en general fueron defraudados una vez más por la Ley Foraker de 1900, que no incluyó la ciudadanía estadounidense y limitó drásticamente el poder de la legislatura local que constituyó.
El poder ejecutivo del gobierno local estaba dirigido por un gobernador que no era elegido por el pueblo, sino más bien nombrado por el Presidente de Estados Unidos. La representación de los puertorriqueños ante el Congreso de Estados Unidos se limitaría –situación que continúa hasta el día de hoy– a un solo representante en la Cámara de Representantes, y éste, denominado el “Comisionado Residente”, tendría voz, mas no voto en las deliberaciones del gobierno nacional.
En vista de la situación, se comenzó a debilitar el consenso a favor de la estadidad entre los líderes políticos locales de Puerto Rico. El Partido Republicano de Puerto Rico (afiliado al Partido Republicano de Estados Unidos), dirigido por el Dr. José Celso Barbosa, egresado de la Universidad de Michigan, tenía una plataforma a favor de la estadidad, y perdió las elecciones insulares de 1904 contra el Partido Unionista de Puerto Rico, que inicialmente consideró que la estadidad y la independencia eran, ambas, opciones igualmente legítimas para resolver los problemas de la isla, como su condición colonial y la falta de derechos políticos.
Acontecimiento decisivo: Ciudadanía estadounidense
En 1917, el Congreso de Estados Unidos finalmente otorgó la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños y, desde ese momento, todas las personas nacidas en la isla son ciudadanos naturales de Estados Unidos. La Ley Jones de 1917, que otorgó la ciudadanía estadounidense, también aumentó la autonomía local con la creación de una cámara legislativa alta, el Senado de Puerto Rico.
Desde entonces, la concesión de la ciudadanía estadounidense ha sido vista por el movimiento estadista como la clave que a fin de cuentas garantizaría la estadidad para la isla, tan pronto como el pueblo puertorriqueño exigiera condiciones equitativas como ciudadanos.
Como el ex presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Miguel Ángel García Méndez, declararía posteriormente, “No hay, para un ciudadano americano, otra meta política que no sea la igualdad con los demás ciudadanos americanos. Buscar otras soluciones, repudiar la igualdad, es repudiar el destino natural a que conduce la ciudadanía americana”.
A través de los años, Puerto Rico ha tenido un nivel desigual de integración política, económica y social respecto al resto de Estados Unidos, pero que en general, ha ido nivelándose. En 1947, el Congreso de Estados Unidos finalmente aprobó legislación que le permitía al pueblo puertorriqueño elegir a su propio gobernador, lo que ocurrió por primera vez en 1948.
Constitución local
En 1950, el Congreso de Estados Unidos acordó otorgar a la isla un mayor nivel de autonomía con respecto a asuntos locales, mediante la autorización de la redacción de una Constitución local compatible con las otras constituciones de los estados de la Unión. El nuevo gobierno constitucional de la isla recibió el nombre Estado Libre Asociado. Sin embargo, la nueva estructura gubernamental no cambió el estatus fundamental de territorio de la isla.
En el preámbulo de la Constitución, ratificada tanto por el Congreso de Estados Unidos como por el pueblo de Puerto Rico en el referendo de 1952, los puertorriqueños declaran que “consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía de los Estados Unidos de América y la aspiración a continuamente enriquecer nuestro acervo democrático en el disfrute individual y colectivo de sus derechos y prerrogativas; la lealtad a los postulados de la Constitución Federal; y la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano…”.
La ratificación de la actual Constitución fue la primera votación directamente relacionada con el estatus político de la isla, y le demostró claramente al mundo que el pueblo puertorriqueño aprobaba democráticamente la relación de Puerto Rico a Estados Unidos. Como resultado del consentimiento expresado democráticamente y la autonomía del gobierno local otorgada por la nueva Constitución, en 1953, Puerto Rico ya no fue incluido en la lista de las Naciones Unidas de territorios no autónomos.
Plebiscitos sobre el estatus político
En 1967, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico autorizó un plebiscito local sobre el estatus político que midiera el respaldo del electorado a las diversas opciones políticas: la estadidad, la independencia o el estado libre asociado, que se definió como una “comunidad autónoma permanentemente asociada a Estados Unidos”. En el plebiscito, 60% favoreció la opción de estado libre asociado, 39% la estadidad y 1% la independencia.
En 1989, el ex gobernador de Puerto Rico Rafael Hernández Colón inició un esfuerzo para lograr que el Congreso de Estados Unidos autorizara un plebiscito auto ejecutable cuyo objetivo era decidir el estatus político final de Puerto Rico. Como el Congreso de Estados Unidos no aprobó una ley federal al respecto, en 1993, el sucesor de Hernández Colón, el ex gobernador Pedro Rosselló, promulgó una ley interna autorizando otro plebiscito, patrocinado localmente, sobre el estatus político.
En lo que posteriormente se consideró un error, la ley del plebiscito local de 1993 permitió que cada partido político de Puerto Rico ofreciera su propia definición de su preferido estatus político en la papeleta electoral, sin tener en cuenta lo que el Congreso de Estados Unidos estaba dispuesto a aprobar.
Como resultado, y de manera preocupante para sus contrincantes, los partidarios del estatus de Estado Libre Asociado presentaron una definición que combinaba lo que tanto el Congreso de Estados Unidos como 10 presidentes republicanos y demócratas sucesivos habían rechazado durante más de cinco décadas como elementos incompatibles de la estadidad y la independencia, definición que luego promovieron entre el electorado como “lo mejor de dos mundos”.
1993 Status Vote
Diversos observadores señalaron que la estadidad difícilmente saldría victoriosa en un plebiscito en alguno de los 50 estados, si se le daba tal opción de estado libre asociado a los respectivos electorados. Sin embargo, a pesar de esta situación, en el plebiscito de 1993, el respaldo al estado libre asociado disminuyó de 60% a 46%, mientras que el respaldo de la estadidad se incrementó de 39% a 46% y la independencia tuvo 4% de apoyo.
Como resultado del plebiscito de 1993, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó una resolución pidiéndole al Congreso de Estados Unidos que examinara los resultados de la votación, particularmente la viabilidad de la definición de estado libre asociado que se le presentó al electorado. Posteriormente, el congresista Don Young (R-Alaska) fue el principal autor de una medida, con considerable respaldo en ambos partidos, que autorizaba un plebiscito sobre el estatus político en la isla, patrocinado por el Congreso. El plebiscito tendría opciones viables y claramente definidas de estadidad, independencia, libre asociación (una modalidad de independencia reconocida por las Naciones Unidas) y continuación del estatus como territorio.
Aunque el “Proyecto Young” fue aprobado con apenas un voto de margen (con más respaldo demócrata que republicano en un Congreso entonces controlado por los republicanos), no logró ser aprobado en el Senado de Estados Unidos. En vista de la situación, en 1998, el centenario del cambio de soberanía, el gobernador Rosselló presentó una medida a favor de un plebiscito local con las mismas definiciones aprobadas por la propuesta de Young. Tras la aprobación de esa ley por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, el Tribunal Supremo de Puerto Rico –entonces compuesta en su mayoría por jueces que favorecían el estado libre asociado– dictaminó que la ley también debía agregar a la papeleta del estatus político la opción de “ninguna de los anteriores”.
Voto de 1998 sobre el estatus
En esta ocasión, los líderes a favor del estado libre asociado se rehusaron a escoger entre las opciones viables de estatus no colonial reconocidas por las Naciones Unidas, y también se negaron a escoger la continuación del estatus como territorio, optando por alentar al electorado a escoger la opción de “ninguna de las anteriores” en la papeleta de votación. La opción de “ninguna de las anteriores” obtuvo 50.3% de los votos; la estadidad, 46.5%; la independencia, 2.5%; la libre asociación, 0.3% y el estatus de territorio, 0.1%.
Subsecuentemente, los gobernadores electos en el 2000 y 2004 se esforzaron por bloquear medidas legislativas - tanto a nivel federal como local - dirigidas a facilitar una decisión democrática por el pueblo puertorriqueño entre las distintas opciones no territoriales de estatus reconocidas internacionalmente.La promesa del Gobernador Fortuño y el Presidente Obama
En noviembre del 2008, el entonces comisionado residente, Luis Fortuño, fue elegido gobernador de Puerto Rico con el mayor margen en 44 años, con una propuesta que incluía su declaración de que “Nunca antes en los últimos 50 años ha existido un momento más apropiado para tratar el tema del estatus en Washington. Todos nosotros compartimos la responsabilidad histórica de aprovechar la actual coyuntura para resolver, de una vez por todas, este problema, que representa un impedimento tan grande para nuestro potencial de crecimiento y desarrollo económico y social. Tenemos que poner la pelota en la cancha del Congreso, no para que ellos decidan por nosotros, todo lo contrario, para que ellos se comprometan a aceptar la decisión que tomemos entre opciones que son viables y aceptables para ambos”.
El programa de gobierno del gobernador Fortuño también indica que si, una vez más, el Congreso no le ofrece al pueblo, dentro de un plazo razonable, una consulta democrática sobre el estatus político, el Gobierno de Puerto Rico les propondrá a los puertorriqueños, una vez más, una consulta democrática iniciada localmente sobre el estatus político.
En la ceremonia de investidura del gobernador Fortuño, el 2 de enero, 2009, se leyó un mensaje al pueblo puertorriqueño del entonces presidente electo Barack Obama, quien prometió “trabajar con el Congreso y todos los grupos en Puerto Rico para permitir que el asunto del estatus de Puerto Rico se resuelva en los próximos cuatro años”.
“Estoy muy consciente de las dificultades que Puerto Rico ha enfrentado en el pasado al tratar este asunto”, declaró Obama. “Pero la autodeterminación es un derecho básico que debe abordarse, por más difícil que sea. Su derecho a la autodeterminación es mayor aun debido al valiente servicio de los puertorriqueños en las fuerzas armadas de la Nación, el cual ha protegido a todo nuestro pueblo de peligros externos durante el siglo pasado. Trabajaremos para darle una voz al pueblo de Puerto Rico a fin de permitirle determinar su futuro político”, Obama añadió.
Ley de Democracia de Puerto Rico del 2009
El 19 de mayo de 2009, el Comisionado Residente Pedro Pierluisi (D-PR), acompañado por más de 80 coauspiciadores demócratas y republicanos, presentó la Ley de Democracia de Puerto Rico del 2009. La medida autoriza al gobierno insular para que realice un plebiscito en el que se le preguntará al pueblo de Puerto Rico si desea retener el actual estatus político de la isla o si desea tener un estatus político diferente.
Si la mayoría de los votantes vota a favor de un estatus político distinto, entonces el Gobierno de Puerto Rico tendrá autoridad para realizar una segunda votación entre tres opciones: independencia, estadidad y soberanía asociada con Estados Unidos. Como dijo el congresista Pierluisi tras presentar la medida legislativa, “el proyecto de ley no excluye ninguna opción de estatus, y no favorece ninguna opción de estatus. Le permite al pueblo puertorriqueño expresar sus deseos con respecto al estatus político de la isla en una serie de votaciones democráticas”.
Actualmente, en su calidad de territorio estadounidense, la relación de Puerto Rico con el Gobierno Federal es, en muchos aspectos, similar a la de un estado de la Unión. La Constitución de Estados Unidos y las leyes aprobadas por el Congreso tienen vigencia en Puerto Rico. Sin embargo, los residentes de Puerto Rico no participan en elecciones presidenciales ni tienen representación con voto equitativo en el Congreso. Puerto Rico recibe el tratamiento de estado en la mayoría de las leyes federales pero hay excepciones: recibe menos fondos para algunos programas federales, principalmente para los necesitados y atención de salud. Los impuestos federales no se han extendido a ingresos locales.
Ubicación
Puerto Rico está en un punto central del Caribe, a aproximadamente 1000 millas del sudeste de Miami. Puerto Rico está compuesto por seis islas con una extensión territorial de 3,421 millas cuadradas, más del doble que el estado de Rhode Island y aproximadamente la misma extensión que el estado de Connecticut.
La isla principal, de aproximadamente 100 millas de largo y 35 millas de ancho, está dividida en tres regiones geográficas: la región montañosa, el carso norteño y los llanos costaneros. La elevación de la Cordillera Central supera los 3,000 pies, y sus puntos más altos son Cerro de Punta, 4,389 pies, y Monte Guilarte, 3,949 pies.
En el noreste de la isla, la Sierra de Luquillo incluye El Yunque, la única selva lluviosa tropical en Estados Unidos. Su extensión total de 29,000 acres está incluida en el Bosque Nacional El Yunque, administrado por el Servicio Forestal de Estados Unidos, y es una importante atracción turística.
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Clima
Puerto Rico disfruta una de las climas más agradables y acogedores de la Nación, con una temperatura anual promedio de 82° F (28° C) y un constante y ligero viento alisio del este. Según la Oficina Meteorológica Nacional de Estados Unidos, en San Juan, los 365 días del año, y de día y noche, la temperatura nunca baja de 64° F ni sobrepasa los 97° F.
El mar y la Corriente Ecuatorial Norte determinan mayormente el clima de la isla, ubicada en una zona tropical. En toda la isla, la temperatura rara vez desciende a menos de 60° F. La temperatura mensual promedio más alta que se ha registrado es de 89° F; la más baja, de 66° F. La temporada de huracanes es del 1º de junio al 1º de noviembre.
Población e idioma
Según datos del Censo de Estados Unidos del 2008, Puerto Rico tiene una población de 3.9 millones. Además, aproximadamente 4 millones de puertorriqueños y personas de origen puertorriqueño viven en los 50 estados. Las concentraciones en Nueva York y Florida ascienden a más de 1 millón y 500,000, respectivamente. En conjunto, los puertorriqueños representan el segundo grupo de origen hispano más grande de Estados Unidos.
El español, naturalmente, es el idioma más hablado en la isla. En 1901, se designaron como idiomas oficiales tanto el español como el inglés, y es la jurisdicción que actualmente tiene la proporción más alta de ciudadanos bilingües en Estados Unidos, como también en América Latina. El inglés es un aspecto integral de la enseñanza en las escuelas públicas desde kindergarten hasta el último grado de secundaria, y el nivel de bilingüismo continúa aumentando en toda la isla.
Como dijo el Presidente Franklin D. Roosevelt en 1937, “Claramente, no existe deseo ni propósito de disminuir el disfrute ni la utilidad del rico legado cultural español del pueblo puertorriqueño. Lo que sí es necesario, sin embargo, es que los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico se beneficien de la singular situación geográfica y las circunstancias históricas únicas que les brindan los beneficios de la ciudadanía estadounidense al hacerse bilingües”.
Economía
La economía de Puerto Rico es una de las más dinámicas del Caribe, pero al igual que la economía nacional e internacional, atraviesa por una recesión local que se manifestó tres años antes que la nacional.
El sector industrial ha sobrepasado al agrícola como la principal y más rentable actividad económica. La manufactura es un componente importante de la economía, y dentro del sector de manufactura, se destacan los productos farmacéuticos, electrónicos y textiles, petroquímicos, y los alimentos elaborados.
Puerto Rico también es reconocido mundialmente por la calidad de su café y ron. Sin embargo, la producción de azúcar le ha cedido su lugar a los productos lácteos y otros productos pecuarios como la principal fuente de ingresos en el sector agrícola. El turismo también es una fuente importante de ingresos en la isla.
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